La Ley de Reforma Urbana, del 14 de octubre de 1960.

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Antes del 1ro. de enero de 1959, uno de los problemas de mayor gravedad en Cuba, era el del acceso a la vivienda. La insuficiente actividad constructiva no satisfacía la alta demanda existente. Para amplias capas de la población, el desempleo los exponía a quedarse sin un lugar digno donde vivir, ya fuera por el desalojo o por el aumento del precio del alquiler. Fidel Castro Ruz, en su alegato de defensa durante el juicio a los asaltantes del Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, criticó la situación del sector habitacional y propuso medidas concretas para revertir el problema de la vivienda.
A pocas semanas del triunfo de la Revolución, el nuevo gobierno comenzó a promulgar las primeras leyes concernientes a este importante tema. El pueblo cubano recibió con beneplácito la Ley No. 26, del 26 de enero de 1959, para eliminar los desalojos y las demandas de desahucio; la Ley No. 153 del 10 marzo de 1959 sobre las reducciónes de los alquileres; y las Leyes No. 218 y 691 del 7 de abril y 23 de diciembre de 1959, y la No. 892 del 14 de octubre de 1960, para combatir la especulación en torno a los precios máximos y la comercialización forzosa de terrenos urbanos edificables.
A pesar de los avances alcanzados por las transformaciones revolucionarias, en este ámbito y en un breve período, otro de mayor alcance se imponía. El 14 de octubre de 1960 fue promulgada la Ley de Reforma Urbana, que ostentó rango constitucional, al ser declarada parte de la Carta Magna. Su aprobación fue el resultado de profundos debates y una extensa elaboración, alcanzando relevancia internacional por su trascendencia social y política en el contexto histórico en que se produjo.
A partir de la implementación de la Ley de Reforma Urbana, fue posible el traspaso de todas las viviendas de alquiler en propiedad a sus habitantes, por lo cual fueron indemnizados todos sus antiguos propietarios. Además, se eliminaron los gravámenes hipotecarios sobre los inmuebles urbanos, se declaró la derogación de la institución legal de los alquileres de viviendas y toda manifestación de este acto entre particulares. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas decisiones, la política revolucionaria sobre la vivienda continuó evolucionando en beneficio de la población cubana.
Compartimos imágenes que contrastan la situación heredada del período prerevolucionario, con las trasformaciones obtenidas tras la aprobación de las leyes para mejorar el acceso y la calidad de la vivienda en Cuba.